La comunidad autónoma de Extremadura contará en 2026 con una asignación de 121.550.714 euros procedentes de los presupuestos del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) para el desarrollo de las Políticas Activas de Empleo, según el acuerdo alcanzado este martes en la LXXXVII Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales.
El reparto territorial de fondos, aprobado de manera prácticamente unánime entre el Ministerio de Trabajo y Economía Social y las comunidades autónomas, asciende a un total de 2.571.961.030 euros para el conjunto del país y permitirá financiar programas y servicios incluidos en el Plan Anual para el Fomento del Empleo Digno (PAFED).
La Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales fija al inicio de cada ejercicio económico tanto la distribución de créditos como los planes y programas conjuntos vinculados a las competencias autonómicas en materia de políticas activas de empleo. Estos recursos tienen como objetivo reforzar la empleabilidad, mejorar la cualificación profesional de las personas trabajadoras y desempleadas y favorecer una atención más personalizada en los servicios públicos de empleo.
En el caso de Extremadura, los más de 121,5 millones de euros permitirán continuar impulsando medidas orientadas a la inserción laboral, el acompañamiento personalizado a personas desempleadas, el refuerzo de la formación para el empleo y el desarrollo de programas específicos dirigidos a colectivos con mayores dificultades de acceso al mercado laboral.
La distribución de los fondos para 2026 se ha realizado teniendo en cuenta los objetivos fijados en el Plan Anual para el Fomento del Empleo Digno de 2025 y el grado de cumplimiento alcanzado por las comunidades autónomas en diferentes indicadores vinculados a la eficacia de las políticas de empleo.
En concreto, el 28,91% de los fondos asignados este año, lo que supone 743.541.735 euros, se distribuye en función del cumplimiento de los objetivos establecidos en el PAFED 2025. Esta cuantía se reparte atendiendo a distintos criterios de evaluación.
Así, el 15% de esa partida, equivalente a 111,5 millones de euros, se asigna en función del grado de cumplimiento de los indicadores generales del plan. Otro 60%, es decir, 446,1 millones de euros, se distribuye según los resultados obtenidos en materia de mejora de la empleabilidad.
Además, un 10% de los fondos, correspondiente a 74,3 millones de euros, se reparte en función de las actuaciones desarrolladas con personas beneficiarias de prestaciones por desempleo. A ello se suma otro 15%, también cifrado en 111,5 millones de euros, vinculado al cumplimiento de los indicadores de seguimiento de la formación para el empleo.
La distribución también tiene en cuenta la consolidación de las plantillas de personal orientador y prospector laboral en las comunidades autónomas, un aspecto considerado clave para reforzar la atención individualizada y mejorar la intermediación laboral.
En el reparto territorial aprobado en la Conferencia Sectorial, Andalucía encabeza la asignación con 417,1 millones de euros, seguida de Cataluña, con 414,2 millones, y la Comunidad de Madrid, con 344,3 millones. Extremadura recibirá 121,5 millones de euros, una cuantía similar a la de Castilla-La Mancha, que contará con 123,1 millones de euros.
Con esta financiación, el Gobierno y las comunidades autónomas refuerzan su apuesta por unas políticas activas de empleo orientadas a mejorar las oportunidades laborales, impulsar la formación y responder a las necesidades del mercado de trabajo desde una perspectiva de cohesión territorial y empleo digno.
