La formación política Unidas por Extremadura ha expresado su rechazo absoluto al Decreto-ley 1/2026, de 13 de marzo, aprobado en el Pleno de la Asamblea de Extremadura con el apoyo del Gobierno en funciones sostenido por Partido Popular y Vox, al considerar que se trata de una norma de “dudosa legalidad”, “profunda gravedad institucional” y posible “quiebra del marco democrático”.

Como gesto político de rechazo, la formación ha decidido abandonar el hemiciclo en el momento de la votación, dejando constancia de que no participará ni emitirá voto alguno sobre el citado decreto-ley, al considerar que hacerlo supondría “legitimar una barbaridad jurídica y un auténtico circo institucional”.

En palabras de su portavoz, Irene de Miguel, la decisión responde a la voluntad de no ser partícipes de un proceso legislativo que, a su juicio, “atenta contra las reglas básicas del funcionamiento democrático” y supone una utilización indebida de las herramientas normativas por parte de un Gobierno en funciones.

“No vamos a participar en este circo”: rechazo a la tramitación del decreto-ley

Unidas por Extremadura ha subrayado que su salida del Pleno no es un gesto simbólico aislado, sino una decisión política fundamentada en el rechazo frontal al contenido y la forma del decreto-ley aprobado.

La formación sostiene que el texto normativo no responde a una situación de urgencia real, sino a una estrategia política destinada a ampliar las competencias de un Ejecutivo en funciones, alterando —según denuncian— el equilibrio institucional establecido entre Gobierno y Parlamento.

En este sentido, han reiterado que “no van a participar en este circo político ni van a contribuir a legitimar con su voto una norma que consideran profundamente lesiva para el sistema democrático”.

Denuncia de “vaciamiento de la Asamblea” y alteración del equilibrio institucional

La portavoz parlamentaria, Irene de Miguel, ha advertido de que el decreto-ley supone un intento de “vaciar de contenido las competencias de la Asamblea” mediante una reforma normativa impulsada desde un Gobierno en funciones, lo que, a su juicio, representa un precedente “extremadamente grave”.

La formación denuncia que esta actuación permite que un Ejecutivo sin plenas funciones pueda autoatribuirse capacidades que habrían sido limitadas por decisión del poder legislativo, lo que consideran una “distorsión inaceptable del sistema institucional”.

Asimismo, han alertado de que este tipo de medidas podrían abrir la puerta a que futuros gobiernos en funciones utilicen mecanismos excepcionales para revertir decisiones parlamentarias sin el debido consenso democrático.

Advertencia de posible recurso ante el Tribunal Constitucional

Irene de Miguel ha anunciado que la formación estudia la posibilidad de interponer un recurso ante el Tribunal Constitucional, al considerar que podría existir un conflicto de competencias y una posible vulneración de la doctrina constitucional sobre el uso del decreto-ley.

En este sentido, ha recordado que el alto tribunal ha establecido que la figura del decreto-ley debe responder a circunstancias extraordinarias y de urgente necesidad, y no a decisiones políticas planificadas o derivadas de la propia acción del Gobierno.

La formación considera que la aprobación de este decreto-ley podría generar un escenario de inseguridad jurídica, especialmente en ámbitos sensibles como los procesos de oposiciones, que podrían verse afectados por futuras impugnaciones o resoluciones judiciales.

Críticas a la gestión política y a la situación institucional

Unidas por Extremadura ha responsabilizado al Gobierno en funciones de la actual situación de bloqueo institucional en Extremadura, señalando que la utilización de este decreto-ley forma parte de una estrategia política que agrava la inestabilidad en la comunidad autónoma.

La formación ha calificado las negociaciones entre Partido Popular y Vox como un “espectáculo político sin rigor institucional”, al que acusan de priorizar intereses partidistas sobre el funcionamiento normal de las instituciones.

En este contexto, han denunciado que la ciudadanía extremeña está siendo la principal perjudicada por una situación de incertidumbre prolongada y por decisiones que, según su criterio, no responden al interés general.

Limitaciones al control parlamentario

La formación también ha denunciado restricciones al ejercicio de la función de control parlamentario durante la sesión plenaria, considerando que estos hechos constituyen un “grave deterioro de la calidad democrática” en la Asamblea.

A juicio de Unidas por Extremadura, impedir o limitar la capacidad de la oposición para fiscalizar la acción del Gobierno supone una anomalía institucional que refuerza la falta de transparencia y debilita el equilibrio de poderes.

Conclusión

Por todo ello, Unidas por Extremadura reitera su rechazo absoluto al Decreto-ley 1/2026 y su decisión de no participar en la votación, al considerar que el proceso legislativo en cuestión constituye un “circo político” que no puede ser legitimado con su presencia ni con su voto.

La formación reafirma su compromiso con la defensa del marco constitucional, el respeto a la legalidad vigente y la protección del equilibrio institucional, y anuncia que continuará explorando todas las vías políticas y jurídicas necesarias para garantizar que no se produzcan, a su juicio, “retrocesos democráticos” en la Comunidad Autónoma de Extremadura.