Unión de Uniones ha lamentado la pérdida de 11.000 explotaciones agrarias entre 2022 y 2025 y, ante esta situación, ha reclamado al Gobierno una «reforma de la regulación sobre la cadena alimentaria que refuerce la posición negociadora de los productores», ya que advierten de que la tendencia en el sector agrario «es contraria a la del resto de sectores económicos, en los que crece tanto el número de empresas como el empleo».

En un comunicado, ha añadido que es necesaria más «protección en frontera de los exigentes modelos productivos agrarios que los agricultores europeos mantienen» y «una Política Agraria que deje de una vez de dar bandazos y consolide un marco normativo y financiero estable que permita la planificación estratégica del sector».

«Las cifras PYME del Gobierno, con una caída del 4% en el número de empresas y el estancamiento del empleo entre 2022 y 2025, reflejan claramente la crisis que atraviesa el sector agrario como consecuencia de unos precios que no llegan a compensar el encarecimiento de los costes productivos», ha denunciado.

EL CAMPO LLEVA UNA TENDENCIA INVERSA AL RESTO DE SECTORES, DONDE CRECEN LAS EMPRESAS Y LOS EMPLEOS

En concreto, ha explicado que el número de firmas agrarias se ha reducido desde una media de 275.582 a 264.264 en ese periodo, mientras que el empleo generado se ha mantenido «prácticamente estancado», con un crecimiento de apenas el 0,4%, situándose de media en 2025 de 726.884 personas.

Unión de Uniones ha lamentado que la tendencia en la agricultura es «inversa a la que se ha seguido en el resto de sectores económicos», para los que, en el mismo periodo, el número de empresas ha crecido en cifras moderadas del 1,2 % y los empleos en un 10,7%.

Asimismo, subraya el impacto que representa la pérdida de 11.000 explotaciones en el tejido rural español en términos de fijación de población y vertebración de territorio, considerando, además, la actividad industrial o de servicios ligada también a la producción agrícola y ganadera en los pequeños municipios.

Para la organización para revertir esta tendencia es necesaria una reforma de la regulación sobre la cadena alimentaria que refuerce la posición negociadora de los productores, la protección en frontera de los exigentes modelos productivos agrarios que los agricultores y ganaderos europeos mantenemos «y una PAC que deje de una vez de dar bandazos» y consolide un marco normativo y financiero estable que permita la planificación estratégica del sector agrario, la protección a la seguridad alimentaria europea y la consolidación de la viabilidad económica de las explotaciones.

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