El PSOE de Extremadura ha calificado de “indignas” las declaraciones realizadas en las últimas horas por la consejera de Salud y Servicios Sociales en funciones, Sara García Espada, en las que advertía de un posible aumento de la presión asistencial en el Servicio Extremeño de Salud (SES) como consecuencia del proceso de regularización de alrededor de 3.000 personas migrantes en la región.

La formación socialista considera que estas palabras son impropias de una representante pública y constituyen “un ejemplo más del desgobierno que Guardiola ha implantado en Extremadura”. En este sentido, los socialistas recuerdan que la comunidad autónoma lleva cuatro meses sin un gobierno efectivo tras las elecciones de diciembre y más de seis meses “bloqueada y paralizada”, denunciando además que la Junta está lanzando mensajes “alarmistas y carentes de rigor”.

Desde el PSOE de Extremadura se sostiene asimismo que de las declaraciones de la consejera emana un “trato deshumanizado” hacia las personas migrantes, al vincular su regularización administrativa con un supuesto riesgo para la sostenibilidad del sistema sanitario público.

La organización socialista critica que se traslade a la ciudadanía una “imagen distorsionada” que puede generar miedo e inquietud, y considera que dichas manifestaciones buscan “desviar la atención de los preocupantes datos de listas de espera sanitaria” recientemente publicados por el Ministerio de Sanidad.

Para el PSOE, resulta “indigno” intentar “maquillar una gestión deficiente señalando a colectivos vulnerables como responsables de problemas estructurales” del sistema sanitario. En esta línea, los socialistas se preguntan qué tipo de gestión lidera la presidenta de la Junta en funciones, María Guardiola, si la incorporación al sistema de unas 3.000 personas puede provocar su colapso.

Asimismo, la formación plantea qué ocurrirá con proyectos industriales estratégicos que prevén la llegada de nuevos trabajadores a la región, como la gigafactoría de Navalmoral de la Mata, que podría suponer la llegada de unas 2.500 personas, cuestionando si la sanidad en el área de Campo Arañuelo también se vería afectada cuando esta iniciativa sea una realidad.

Frente a estas declaraciones, el PSOE de Extremadura defiende una postura “responsable y constructiva” y subraya que el proceso de regularización no implica la llegada de nuevas personas, sino el reconocimiento de derechos a quienes ya residen en la comunidad autónoma y desarrollan en ella su proyecto de vida.

Finalmente, los socialistas destacan que estas 3.000 personas “no representan un problema, sino una oportunidad”, ya que contribuirán a generar riqueza, fijar población y construir más futuro para Extremadura.