El delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, ha destacado la «absoluta normalidad» que se vivió este pasado lunes coincidiendo con el primer día de atención presencialdel proceso de regularización extraordinaria de migrantes en la región.

Absoluta normalidad, sin ningún tipo de problema, absolutamente normal», ha señalado, junto con que son en torno a 140 las posibilidades de cita presencial que se pueden atender cada día y que, por ejemplo ni el lunes ni este martes en el momento de realizar estas declaraciones se han completado, lo cual significa que se va «muy bien», además del trabajo que se está haciendo ante la posibilidad de realizarlo igualmente por la vía telemática.

De esta forma se ha pronunciado en declaraciones a los medios preguntado por este asunto, en relación al cual ha hecho hincapié, en el caso de la atención presencial en este pasado lunes, en la «absoluta normalidad», al tiempo que ha considerado que la aceptación por parte de los migrantes es «muy buena», muchos de los cuales indican que les supone una nueva oportunidad de poder trabajar, cotizar y de estar legalmente en un país en el que llevan ya un periodo de tiempo.

«Creo que es una medida absolutamente merecida, humana», ha continuado, para matizar sobre las reservas de cita previa para la atención presencial que «en teoría» hay que hacerlo un día antes, pero que si cabe la posibilidad se les atiende; al mismo tiempo que se ha referido a que en muchos casos los migrantes reciben el acompañamiento de asociaciones que también les asesoran cuando hacen las peticiones vía digital.

Sobre estas mismas asociaciones y preguntado por la posibilidad de que, a la vista del acuerdo de gobierno entre PP y Vox en Extremadura, se les retiren las subvenciones, el delegado ha valorado que el trabajo de estas organizaciones busca ayudar, a la vez que se ha preguntado, ante el hecho de que hayan dicho que les van a quitar las ayudas y se haya visto cómo Vox quiere retirársela a Cáritas pero el PP no, «usted qué ha firmado» cuando «al día siguiente» ya no lo saben y dicen cosas diferentes.

¿Esto cómo es? ¿Cómo se explica esto? Nosotros vamos a trabajar, no nos puede quitar el objetivo y el objetivo es resolver este tema. En España hay más de 3 millones de extranjeros cotizando, que cotizan a la Seguridad Social», ha recalcado, para subrayar también que esta última «está ahorrando dinero, 13.000 millones» y que «una parte importante es por el trabajo y la cotización que hacen los extranjeros en España».

También, en declaraciones a los medios, ha indicado cómo algunos de los inmigrantes decían que actualmente estaban trabajando y que lo hacen sin estar dados de alta, además de destacar que la inmensa mayoría de los mismos son sudamericanos, por lo que «no hay ningún problema con el idioma».

Interpelado también por el certificado de vulnerabilidad y los posibles problemas que se pueden encontrar los servicios sociales de los ayuntamientos, Quintana ha expuesto que «uno decía que no» pero que hay muchos consistorios que «no solo se quedan en hacer el certificado, sino que están ayudándoles y asesorándoles a que lo hagan digitalmente».

«Uno decía que no, pues que lo explique», ha dicho en alusión, sin citarlo, a Cáceres, cuyo alcalde, Rafael Mateos, ha mostrado su preocupación por el posible «colapso» del Instituto Municipal de Asuntos Sociales al tener que emitir los certificados de vulnerabilidad para los migrantes que quieran regularizar su situación.

ALCALDE DE BADAJOZ

En relación a este proceso de regularización de migrantes, el alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, ha sido preguntado en un acto posterior por el certificado de vulnerabilidad y si el ayuntamiento se está encontrando algún tipo de problema porque se vean sobrecargados por la afluencia, ante lo que ha confirmado que «hay afluencia» y que los servicios están respondiendo y funcionando «de una manera excepcional».

Así y tras agradecer el trabajo que están haciendo desde el Instituto Municipal de Servicios Sociales, ha considerado que «hay mucha indefinición en la norma» y que van a pedir y solicitar a la Delegación del Gobierno y al Gobierno, en este caso, que aclaren cuáles son los requisitos de esos certificados o los elementos que deben constituirlos, dado que se aprueba un decreto «sin consultar» y «sin consensuar con nadie».

«Y al final los beneficiados de esa regularización acuden a los Servicios Sociales de los ayuntamientos y los funcionarios o los trabajadores municipales de ese ayuntamiento no tienen unas directrices claras y no tienen un texto claro sobre el que poder trabajar», ha expuesto, «aparte de hacer recaer todo el peso de la gestión administrativa en los ayuntamientos sin dotarlos ni de medios materiales, ni de financiación para poder hacerlo, una vez más».

De este modo, ha sostenido, al final son los ayuntamientos los que están asumiendo «las decisiones de otros» y «las consecuencias de unos plazos muy cortos», así como «de una redacción de una norma muy indefinida y, por lo tanto, pues provocando problemas y asumiendo problemas que los han generado otros».

Por todo ello, van a exigir que les aclaren cuáles son los requisitos que debe contener dicho documento y qué elementos en aras de certificar si están o no en riesgo de vulnerabilidad, «porque, desde luego, la normativa del decreto no lo establece».

«A partir de ahí», intentarán trabajar para que «no se note» y en que los usuarios de los servicios municipales del ayuntamiento, ya sea de los sociales o de cualquier otro, «no se vean perjudicados por este aluvión de peticiones, como consecuencia de una norma que ha entrado en vigor sin avisar a nadie y con unos plazos y unos tiempos muy muy reducidos», como ha señalado a preguntas de los periodistas en la presentación de nuevos autobuses de Badajoz.

EP