Badajoz, 15 de abril de 2026. Javier Peinado, secretario general de la Confederación Regional Empresarial Extremeña (CREEX) ha señalado que “para todo el colectivo empresarial extremeño, al cual representamos, hablar de regularización, a priori, no nos parece mal, pero hay que ver toda la partitura para conocer realmente los pros y contras, y despejar las incertidumbres que aún rodean la aplicación de la medida”.

Además, apunta a que hay que analizar esta cuestión en dos ámbitos, el laboral y el social.

En el plano laboral, Peinado señala que, si las personas regularizadas pertenecen a la población activa y están disponibles para trabajar, la medida podría suponer una oportunidad real para cubrir las numerosas vacantes que actualmente no pueden cubrirse con la mano de obra legal disponible en España.

“Esto podría paliar, al menos en parte, el déficit de mano de obra que tenemos en Extremadura, pero hay que saber qué número de personas se va a regularizar, cuántas están disponibles para trabajar, con qué perfiles y cuáles serían las condiciones para incorporarlas al mercado laboral”, comenta el dirigente empresarial.

En cuanto al punto de vista social, el dirigente empresarial señala que regularizar a quienes ya se encuentran en situación irregular en España puede generar un efecto positivo: reducir los problemas de integración y convivencia, así como atajar la economía sumergida a la que muchas de estas personas se ven abocadas, “favoreciendo su plena incorporación a la vida laboral y social en condiciones de igualdad”.

Sin embargo, desde CREEX se muestra preocupación por dos aspectos fundamentales. En primer lugar, la medida no ha contado con el respaldo mayoritario de las fuerzas parlamentarias, algo que, a juicio del empresariado extremeño, sería fundamental para alcanzar un consenso de todos los grupos políticos y con todas las salvaguardas necesarias.

En segundo lugar, existe el riesgo de que la regularización genere un «efecto llamada» que incremente los flujos migratorios irregulares, un problema estructural que no puede ignorarse y que requiere una respuesta política clara y sostenida.

Finalmente, Peinado ha señalado que CREEX, en línea con las posiciones de COE y CEPYME, organizaciones en las que está integrada, exige que la regularización vaya acompañada de una acción decidida y contundente contra la economía sumergida, “algo a lo que muchas de estas personas en situación irregular se están viendo abocadas, y que supone una competencia desleal para empresas y autónomos que intentamos cumplir con el ordenamiento jurídico, nos guste más o menos y aunque en muchos casos esté lastrando la actividad sobre todo de microempresas y pymes”