El nuevo reparto de turnos de control parlamentario en la Asamblea de Extremadura ha abierto un nuevo enfrentamiento político entre Gobierno y oposición. PSOE y Unidas por Extremadura han denunciado un recorte en el número de preguntas que podrán dirigir al Ejecutivo autonómico durante plenos y comisiones, mientras que PP y Vox sostienen que la modificación responde únicamente a la proporcionalidad derivada de la nueva mayoría parlamentaria surgida tras las elecciones autonómicas.
La diputada del Grupo Parlamentario Popular Teresa Tortonda ha defendido que la reorganización de los cupos se ajusta estrictamente al peso que cada formación tiene actualmente en la Cámara regional. Según ha explicado, la suma de PP y Vox representa alrededor del 60 % de los escaños, frente al 40 % que agrupan las fuerzas de la oposición, por lo que considera lógico que el reparto de intervenciones refleje ese equilibrio.
Tortonda ha rechazado las acusaciones de “rodillo parlamentario” lanzadas por PSOE y Unidas por Extremadura y ha asegurado que el control político al Gobierno seguirá plenamente garantizado. En este sentido, ha recordado que la actividad parlamentaria no se limita a las preguntas orales, sino que existen otros mecanismos como propuestas de impulso, iniciativas de pronunciamiento, interpelaciones o solicitudes de comparecencia.
La parlamentaria popular ha sostenido además que la oposición dispone desde hace meses del tiempo suficiente para registrar iniciativas y preparar la actividad parlamentaria, subrayando que los plazos reglamentarios continúan abiertos y que el Ejecutivo autonómico comunicará la estructura definitiva del Gobierno dentro del margen legal establecido.
Vox respalda el acuerdo aprobado en la Junta de Portavoces
En términos similares se ha pronunciado el portavoz adjunto de Vox en la Asamblea, Ángel Pelayo Gordillo, quien ha defendido que el reparto aprobado en la Junta de Portavoces es “absolutamente proporcional y legal”. Gordillo ha recalcado que la decisión salió adelante mediante el sistema de voto ponderado que refleja la mayoría parlamentaria actual.
El dirigente de Vox ha restado importancia a las críticas formuladas por la oposición y ha señalado que el nuevo funcionamiento parlamentario responde a la normalidad institucional tras el cambio político producido en Extremadura. Asimismo, ha detallado el calendario previsto para el primer periodo ordinario de sesiones de la legislatura, con plenos fijados durante los meses de mayo, junio y julio.
El PSOE denuncia un intento de limitar el control al Gobierno
Desde el Grupo Parlamentario Socialista, su portavoz Piedad Álvarez ha acusado a PP y Vox de aprovechar su mayoría para reducir la capacidad de fiscalización de la oposición. Álvarez ha explicado que los grupos no gubernamentales contarán con menos preguntas tanto en los plenos como en las comisiones respecto a la legislatura anterior, lo que a su juicio supone un retroceso democrático.
La portavoz socialista ha afirmado que cuando un Gobierno reduce los instrumentos de control parlamentario demuestra falta de voluntad para rendir cuentas ante los representantes públicos. En este sentido, ha criticado que la Asamblea haya permanecido durante meses sin actividad ordinaria y ha acusado al Ejecutivo de retrasar deliberadamente la puesta en marcha plena de la legislatura.
Álvarez también ha cuestionado la convocatoria del próximo pleno con plazos ajustados para registrar iniciativas parlamentarias, lo que —según ha señalado— limita el debate político al existir pocas propuestas formalizadas. A su juicio, esta situación evidencia una organización apresurada tras meses de inactividad institucional.
Asimismo, ha lamentado que todavía no se haya hecho pública la composición completa del Consejo de Gobierno, circunstancia que impide solicitar comparecencias o interpelaciones a los nuevos responsables autonómicos. Para el PSOE, esta falta de definición retrasa el inicio del control parlamentario efectivo.
Entre las cuestiones que los socialistas consideran prioritarias figura la petición de explicaciones sobre la seguridad del patrimonio cultural extremeño tras el robo de monedas históricas pertenecientes al denominado Tesoro de Villanueva en el Museo Arqueológico Provincial de Badajoz, asunto sobre el que reclaman la comparecencia del área competente.
Unidas por Extremadura habla de “retroceso democrático”
Por su parte, la presidenta de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, ha calificado el nuevo reparto como “una vergüenza y una absoluta falta de respeto” hacia su grupo parlamentario. De Miguel ha subrayado que su formación únicamente podrá formular una pregunta al Consejo de Gobierno en cada pleno, pese a contar con más diputados que otras fuerzas en etapas anteriores que disfrutaban de mayor capacidad de intervención.
La dirigente ha sostenido que esta reducción evidencia, a su juicio, el temor del Ejecutivo presidido por María Guardiola a someterse al control político de la oposición. También ha criticado que se haya convocado un pleno sin conocerse todavía la estructura definitiva del Gobierno autonómico, lo que impide dirigir preguntas específicas o solicitar comparecencias.
De Miguel ha advertido de que la falta de definición del Ejecutivo prolonga la parálisis administrativa que, según Unidas por Extremadura, arrastra la comunidad autónoma desde hace meses. En este contexto, ha anunciado que su grupo pedirá información sobre distintos asuntos relacionados con la acción del nuevo Gobierno, entre ellos el coste de la reciente ceremonia de investidura.
Debate político abierto al inicio de la legislatura
El enfrentamiento por el reparto de preguntas refleja el clima político con el que arranca la nueva legislatura en la Asamblea extremeña, marcada por la nueva mayoría parlamentaria y por las discrepancias entre Gobierno y oposición sobre los límites del control institucional.
Mientras PP y Vox defienden que el nuevo sistema responde exclusivamente a criterios matemáticos derivados de las urnas, PSOE y Unidas por Extremadura sostienen que la reducción de turnos supone una limitación práctica del debate parlamentario y del seguimiento de la acción del Ejecutivo.
El desarrollo de los próximos plenos servirá para comprobar si el nuevo modelo de organización parlamentaria consolida la estabilidad institucional defendida por el bloque de gobierno o si, como advierte la oposición, incrementa la confrontación política en el inicio del mandato autonómico.
