El Partido Popular (PP) y Vox han formalizado un acuerdo de gobierno en Extremadura que permitirá la investidura de la presidenta autonómica María Guardiola y la formación de un Ejecutivo de coalición con participación directa de ambas formaciones durante la próxima legislatura.

El pacto, alcanzado tras más de tres meses de negociación desde la celebración de las elecciones autonómicas, establece una hoja de ruta común articulada en 74 medidas distribuidas en 11 grandes bloques sectoriales, con el compromiso de ejecución progresiva a través de los cuatro presupuestos autonómicos previstos para el periodo de gobierno.

El acuerdo supone además una reordenación significativa del organigrama institucional de la Junta de Extremadura, con la incorporación de Vox al Consejo de Gobierno, asumiendo la Vicepresidencia de Desregulación, Servicios Sociales y Familia, así como la Consejería de Agricultura, Ganadería y Medio Natural, junto con responsabilidades en otras áreas de gestión.

Un pacto de alcance estructural para la legislatura

El documento programático define una estrategia de gobierno conjunta orientada a la estabilidad institucional y a la ejecución de reformas de carácter estructural en ámbitos clave como la economía, la sanidad, la fiscalidad, la vivienda, el medio rural, la educación y la organización administrativa.

Las dos formaciones subrayan el compromiso de dar continuidad a las políticas acordadas mediante su incorporación progresiva a los presupuestos anuales, considerados el principal instrumento de implementación del programa.

El texto establece igualmente mecanismos de coordinación política entre ambas fuerzas para garantizar el cumplimiento de los objetivos pactados y la evaluación periódica de su desarrollo.

Energía, industria y desarrollo económico

En materia energética e industrial, el acuerdo sitúa como prioridad estratégica la continuidad de la central nuclear de Almaraz, considerada un elemento clave para la estabilidad energética y el tejido productivo regional.

Se contemplan medidas para la atracción de inversiones industriales mediante la ampliación de suelo disponible, la simplificación de trámites administrativos y el establecimiento de incentivos fiscales orientados a sectores productivos estratégicos.

Asimismo, se incluye el refuerzo de las infraestructuras eléctricas necesarias para el desarrollo industrial y residencial, junto con la revisión de los criterios de implantación de proyectos energéticos renovables de gran escala en determinadas áreas del territorio, especialmente aquellas vinculadas a suelo productivo, patrimonio natural o espacios de especial protección.

El pacto también plantea una política activa de desarrollo industrial basada en la reducción de cargas regulatorias y la mejora de la competitividad territorial.

Sector primario, agua y equilibrio territorial

El sector agrario y ganadero ocupa un lugar central en el acuerdo, que incorpora un conjunto de medidas destinadas a modernizar infraestructuras, garantizar la disponibilidad de agua y reforzar la viabilidad económica del medio rural.

Entre las actuaciones previstas destaca la creación de una dirección específica para la gestión de regadíos, la ejecución de proyectos hidráulicos estratégicos como el de Tierra de Barros y la modernización de infraestructuras rurales, incluyendo caminos agrícolas y redes de abastecimiento.

El acuerdo incluye además la revisión de la normativa autonómica en materia de medio ambiente, caza, pesca y conservación de la naturaleza, con el objetivo declarado de simplificar procedimientos administrativos y reducir la carga burocrática sobre agricultores, ganaderos y propietarios forestales.

Asimismo, se prevé la adaptación de la normativa regional a las directrices europeas en materia agraria, junto con la creación de mecanismos de compensación frente a las consecuencias económicas derivadas de determinadas políticas comunitarias sobre el sector primario.

Sanidad: refuerzo presupuestario, recursos humanos y modernización del sistema

El ámbito sanitario constituye uno de los pilares fundamentales del acuerdo, que contempla la incorporación de 500 millones de euros adicionales anuales a los presupuestos autonómicos a partir del ejercicio 2026.

Este incremento presupuestario se orienta a la reducción de listas de espera, la mejora de la capacidad asistencial y el fortalecimiento del sistema público de salud en su conjunto.

El pacto prevé la contratación de 1.500 nuevos profesionales en el Servicio Extremeño de Salud (SES) durante la legislatura, junto con incentivos específicos para la cobertura de plazas de difícil acceso y medidas de fidelización del personal sanitario.

Entre las actuaciones previstas se incluyen campañas quirúrgicas extraordinarias, ampliación de horarios en atención primaria y especializada, y el impulso de fórmulas de colaboración público-privada en determinados servicios complementarios del sistema sanitario.

Asimismo, se contemplan inversiones en infraestructuras hospitalarias y centros de salud, así como el incremento de plazas en residencias y centros de día dentro del ámbito sociosanitario.

El acuerdo también recoge la equiparación progresiva de condiciones laborales entre profesionales del sistema sanitario y del sistema de atención social, con el objetivo de mejorar la cohesión del modelo asistencial.

Vivienda: ampliación de oferta y acceso condicionado al arraigo

En materia de vivienda, el acuerdo contempla la construcción de un mínimo de 3.500 viviendas protegidas durante la legislatura, así como la reforma de la legislación urbanística autonómica para agilizar los procedimientos de desarrollo del suelo.

El acceso a vivienda pública, ayudas al alquiler y determinados programas de apoyo habitacional se estructurará en base a criterios de arraigo, estableciendo requisitos de empadronamiento prolongado en la comunidad autónoma para la obtención de determinados beneficios.

El pacto incluye asimismo un conjunto de medidas fiscales y financieras destinadas a facilitar el acceso a la vivienda, entre ellas bonificaciones en impuestos asociados a la compra, deducciones para jóvenes, incentivos a la rehabilitación de viviendas destinadas al alquiler y líneas de financiación específicas.

Política fiscal: reducción impositiva y reordenación de tributos autonómicos

El acuerdo contempla una estrategia de reducción progresiva de la presión fiscal autonómica, con especial incidencia en el IRPF regional, que experimentará una bajada gradual en los tramos inferiores durante la legislatura.

Se incluyen mejoras en las bonificaciones del Impuesto de Sucesiones y Donaciones, así como reducciones del Impuesto de Actos Jurídicos Documentados en determinados supuestos vinculados a la adquisición de vivienda habitual.

Asimismo, se prevé la ampliación de bonificaciones en tasas y precios públicos, incluyendo la gratuidad progresiva de la educación infantil de 0 a 3 años, junto con la revisión de otros tributos de carácter autonómico.

Educación: gratuidad, infraestructuras y mejora docente

El ámbito educativo recoge medidas de amplio alcance, entre ellas la homologación progresiva de las condiciones salariales del profesorado extremeño respecto a la media nacional.

El acuerdo establece la implantación de la gratuidad total de la educación infantil de 0 a 3 años a partir del curso 2026-2027, incluyendo la incorporación del tramo de 0 a 1 años, así como inversiones en infraestructuras educativas.

Se prevé la mejora de las condiciones de los centros educativos mediante la climatización progresiva de colegios e institutos y la optimización de los servicios de comedor con criterios de proximidad y producto local.

Familia, natalidad y reto demográfico

El pacto incorpora un conjunto de medidas orientadas a la mejora de la natalidad y el apoyo a las familias, incluyendo deducciones fiscales por nacimiento o adopción, incrementadas en función del número de hijos.

Se contempla el desarrollo de una nueva ley de familia que integre políticas de conciliación, apoyo económico, vivienda y movilidad, con el objetivo de abordar el reto demográfico que enfrenta la comunidad autónoma.

Inmigración y control administrativo

El acuerdo incluye un bloque específico de medidas en materia de inmigración, que contempla el rechazo al reparto de menores extranjeros no acompañados entre comunidades autónomas y la revisión del sistema de acogida.

Se establecen mecanismos de control administrativo, auditorías del gasto público en inmigración, verificación de edad en determinados supuestos y la revisión de subvenciones a entidades vinculadas a la gestión migratoria.

También se incluyen medidas relativas al control del padrón municipal, la regulación de centros de acogida y la supervisión de los procedimientos administrativos relacionados con la residencia.

Seguridad, servicios públicos y cohesión territorial

El pacto incorpora medidas destinadas al refuerzo de la seguridad en el acceso a la vivienda frente a la ocupación ilegal, así como la agilización de procedimientos administrativos de desalojo.

Se prevé igualmente la mejora del transporte público en zonas rurales con el objetivo de garantizar el acceso a servicios esenciales en tiempos reducidos, reforzando la cohesión territorial de la comunidad autónoma.

Gasto público, auditorías y reorganización institucional

El acuerdo establece un sistema de evaluación y control del gasto público mediante auditorías periódicas de subvenciones, ayudas y programas autonómicos.

Se incluye la revisión de determinadas partidas presupuestarias destinadas a organizaciones sindicales, empresariales y entidades privadas, así como la reordenación de la cooperación internacional al desarrollo.

El objetivo declarado es optimizar la eficiencia del gasto público y priorizar aquellas políticas consideradas estratégicas para el desarrollo económico y social de la región.

Estructura del nuevo Gobierno autonómico

Con la entrada de Vox en el Ejecutivo, la Junta de Extremadura contará con una Vicepresidencia y nuevas competencias en áreas de Desregulación, Servicios Sociales, Familia y Agricultura.

El Partido Popular mantiene la Presidencia del Gobierno autonómico bajo el liderazgo de María Guardiola, así como la dirección del resto de consejerías no incluidas en el acuerdo de coalición.

El pacto establece un marco de coordinación permanente entre ambas formaciones para la ejecución del programa de gobierno, la elaboración de los presupuestos y el seguimiento de los compromisos adquiridos.

Un acuerdo para la estabilidad institucional de la legislatura

Ambas formaciones enmarcan el acuerdo como una herramienta para garantizar la estabilidad institucional y la gobernabilidad de Extremadura durante los próximos cuatro años.

El desarrollo del pacto dependerá de su incorporación progresiva a los presupuestos autonómicos y de la coordinación entre las fuerzas políticas que integran el Ejecutivo de coalición.

Para más información: