Extremadura encabeza los peores indicadores del país en la aplicación del sistema mientras persisten retrasos administrativos, falta de financiación suficiente y desigualdades territoriales

Un total de 1.313 personas en Extremadura fallecieron durante 2025 mientras esperaban acceder a una prestación o servicio del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, según refleja el XXVI Dictamen del Observatorio Estatal de la Dependencia, publicado el pasado mes de marzo. La cifra confirma la cronificación de los retrasos en la comunidad autónoma y sitúa nuevamente a la región en la posición más desfavorable del país en la aplicación efectiva de este derecho social.

De las personas fallecidas, 616 murieron sin haber recibido siquiera la resolución de grado, trámite imprescindible para determinar el nivel de dependencia y acceder a ayudas económicas o servicios asistenciales. Otras 697 personas fallecieron pese a tener reconocido el derecho, pero sin haber llegado a percibir la prestación asignada.

Estos datos evidencian que el sistema continúa sin responder dentro de plazos razonables a quienes más lo necesitan, fundamentalmente personas mayores, dependientes severos o ciudadanos con graves limitaciones funcionales.

Según el informe, el 13,6% de los solicitantes extremeños permanecía en lista de espera durante 2025, bien pendiente de valoración inicial o aguardando la asignación efectiva de recursos. En una comunidad marcada por el envejecimiento demográfico, la dispersión rural y la menor disponibilidad de servicios especializados, los retrasos administrativos adquieren una dimensión especialmente crítica.

Extremadura, último puesto en la escala estatal

El dictamen del Observatorio, elaborado por la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, sitúa a Extremadura como la comunidad autónoma con peor valoración del país, con una puntuación de 2,25 sobre 10 en la Escala de Desarrollo del Sistema de Dependencia.

La evaluación analiza veinte indicadores que miden la implantación real de la ley: número de solicitudes respecto a la población potencialmente dependiente, tiempo medio de resolución, cobertura de servicios, gasto público por habitante, ratio de prestaciones por beneficiario o integración en la red básica de servicios sociales.

Extremadura suspende en prácticamente todos los apartados evaluados. Incluso se sitúa por debajo de Ceuta y Melilla, lo que refleja un deterioro relativo respecto a otras comunidades autónomas que han logrado acelerar procedimientos y ampliar recursos asistenciales en los últimos años.

Especialmente preocupante resulta la evolución presupuestaria. El informe señala que Extremadura presenta el menor incremento autonómico en inversión en dependencia, con un aumento del 0,7% durante el último ejercicio analizado. La cifra queda muy lejos de la media estatal, situada en el 14,5%, y contrasta con incrementos muy superiores registrados en regiones como Galicia.

Asimismo, la comunidad obtiene la peor puntuación nacional en integración del sistema dentro de los servicios sociales de atención primaria, un factor clave para detectar necesidades tempranas y evitar que las solicitudes se acumulen durante meses o incluso años.

Un problema nacional que golpea con más fuerza a Extremadura

Aunque la situación extremeña resulta especialmente grave, el informe advierte de que las dificultades del sistema afectan a todo el país. Durante 2025, 32.704 personas fallecieron en España mientras permanecían en las listas de espera de la dependencia.

De ellas, 17.994 estaban pendientes de resolución administrativa y otras 14.710 no habían podido ejercer sus derechos pese a tenerlos reconocidos. En términos estadísticos, cada 16 minutos fallece una persona en España atrapada en el laberinto burocrático del sistema.

La ley de dependencia, aprobada en diciembre de 2006 e implantada progresivamente desde enero de 2007, nació como el cuarto pilar del Estado del bienestar. Durante sus primeros años amplió de forma notable la cobertura social, pero el sistema sufrió importantes tensiones a partir de 2012 con los recortes aplicados por el Gobierno central, que ralentizaron la incorporación de nuevos beneficiarios y redujeron financiación.

A partir de 2015 se inició una recuperación progresiva impulsada principalmente por las comunidades autónomas, aunque las prórrogas presupuestarias estatales de 2018 volvieron a generar retrasos que se hicieron visibles en 2019. Posteriormente, el Ministerio de Derechos Sociales puso en marcha en 2021 un plan de choque con más de 600 millones de euros adicionales anuales para reforzar el sistema, reducir listas de espera y mejorar la atención profesional.

Pese a ese incremento financiero, el Observatorio concluye que las desigualdades territoriales continúan siendo profundas, tanto en recursos disponibles como en capacidad de gestión administrativa.

Debate sobre la financiación y las responsabilidades institucionales

La Junta de Extremadura insiste en que la situación no puede analizarse únicamente desde la gestión autonómica y reclama una revisión del modelo de financiación estatal. La consejera de Salud y Servicios Sociales en funciones, Sara García Espada, ha denunciado una “desigualdad institucionalizada” entre territorios y exige al Gobierno central el cumplimiento del compromiso inicial de cofinanciación al 50% del sistema.

Según los datos aportados por la administración regional, la aportación estatal apenas alcanza actualmente el 25% del coste, mientras que la comunidad asume tres de cada cuatro euros destinados a la atención a personas dependientes. En este contexto, la Junta reclama 201 millones de euros correspondientes al ejercicio 2025, cantidad que asegura estar adelantando para garantizar la continuidad de los servicios.

El Ejecutivo autonómico también cuestiona acuerdos financieros específicos con comunidades como País Vasco y Cataluña, al considerar que generan diferencias en la capacidad de prestación del servicio entre ciudadanos según su lugar de residencia.

Retos estructurales pendientes

Expertos en servicios sociales coinciden en que la mejora del sistema requiere actuaciones simultáneas en varios niveles administrativos. Entre los principales desafíos destacan:

  • Reducir los tiempos de valoración y resolución administrativa.
  • Incrementar la financiación estatal para equilibrar el esfuerzo territorial.
  • Reforzar plantillas técnicas y profesionales de atención social.
  • Ampliar servicios de proximidad en entornos rurales.
  • Mejorar la coordinación entre sanidad, servicios sociales y atención domiciliaria.

Tras casi dos décadas de vigencia, la ley ha permitido que más de cuatro millones de personas reciban apoyos, cuidados profesionales o prestaciones económicas en España. Sin embargo, el Observatorio recuerda que cerca de 900.000 ciudadanos han fallecido desde 2007 sin haber llegado a ejercer plenamente sus derechos.

En Extremadura, donde el envejecimiento poblacional avanza con mayor rapidez que la media nacional, el informe advierte de la necesidad urgente de reformas estructurales que permitan transformar el sistema en un modelo ágil, equitativo y sostenible. La conclusión es clara: la dependencia continúa siendo un derecho reconocido sobre el papel, pero aún pendiente de garantizar plenamente en la práctica cotidiana de miles de familias extremeñas.