La propuesta presentada por el Grupo Socialista contó con el respaldo de VOX y Unidas Podemos
– La Asamblea de Extremadura ha acordado este jueves la constitución de una comisión parlamentaria destinada a investigar de manera exhaustiva la gestión de los incendios forestales ocurridos durante el pasado verano en la región.
La propuesta fue presentada por el Grupo Parlamentario Socialista y contó con el respaldo de Vox y Unidas por Extremadura, mientras que el Grupo Parlamentario Popular se posicionó en contra de la medida.
Durante el pleno, la portavoz del PSOE, Piedad Álvarez, destacó la relevancia de la comisión como mecanismo para “depurar responsabilidades políticas, identificar carencias estructurales y aprender para que no vuelva a ocurrir”.
Álvarez subrayó que la iniciativa no pretende únicamente contabilizar hectáreas calcinadas, sino analizar el impacto sobre “pueblos enteros amenazados, familias que lo han perdido todo, patrimonio natural devastado y una ciudadanía que exige respuestas claras, transparencia y responsabilidades políticas”.
Según la portavoz socialista, los hechos del verano pasado constituyeron “una crisis grave ambiental, económica y social” que no podía resolverse mediante una única comparecencia en la Asamblea del consejero de Presidencia, Abel Bautista.
Álvarez hizo hincapié en la necesidad de esclarecer aspectos específicos de la gestión, como la limitada inversión en prevención de incendios en un año especialmente lluvioso, el relevo del anterior consejero, Ignacio Higuero, durante la emergencia en Las Hurdes, y la actuación a partir del 15 de agosto.
La portavoz socialista formuló además una serie de preguntas que, a su juicio, requieren respuesta: “¿A qué se debió ese cambio de opinión? ¿Por qué se desviaron los esfuerzos de extinguir los incendios a atacar al Gobierno de España?
El incendio de Jarilla estaba descontrolado. ¿Por qué no se activó el nivel 3 de emergencia, como sí se hizo con el apagón? ¿Cuál era el objetivo?”.
Álvarez criticó igualmente las ayudas aprobadas para los sectores afectados, calificándolas de “pírricas” y afirmó que “podían y debían haber hecho más”.
El Grupo Parlamentario Vox, a través de su portavoz Ángel Pelayo, manifestó que los incendios del pasado verano supusieron “una auténtica catástrofe”, tanto por la gestión de la Junta de Extremadura como por el déficit de medios del Gobierno central.
Pelayo respaldó la creación de la comisión como un instrumento necesario para clarificar la actuación institucional y establecer medidas preventivas frente a futuras emergencias.
Por su parte, Unidas por Extremadura, representada por Irene de Miguel, apoyó la iniciativa del PSOE con el argumento de que era imprescindible poner luz sobre “las negligencias y la descoordinación en la gestión” de los incendios.
La diputada insistió en la necesidad de evaluar de forma transparente cómo se planificaron los recursos, cómo se comunicó la información a la ciudadanía y qué medidas se tomaron para proteger a los habitantes y el patrimonio de la región.
El Grupo Parlamentario Popular, a través de su portavoz José Ángel Sánchez Juliá, rechazó la creación de la comisión y defendió la actuación del Ejecutivo regional.
Sánchez Juliá recordó que el consejero de Presidencia compareció en más de 40 ocasiones para informar sobre la evolución de los incendios, los dispositivos desplegados, los medios utilizados, la colaboración de otras comunidades autónomas y de la Unión Europea, así como las condiciones climáticas y la influencia de fenómenos como los rayos.
Según el portavoz popular, la iniciativa del PSOE constituye “una cortina de humo” para desviar la atención de los “escándalos judiciales” relacionados con Miguel Ángel Gallardo y el hermano del presidente del Gobierno, y criticó especialmente que Vox haya respaldado la comisión.
El debate en el pleno reflejó un amplio intercambio de posturas sobre la necesidad de transparencia, la rendición de cuentas políticas y la gestión de los recursos públicos frente a situaciones de emergencia.
La aprobación de la comisión parlamentaria permitirá analizar de manera sistemática todos los aspectos de la gestión de los incendios, identificar posibles fallos estructurales, evaluar la coordinación entre administraciones y organismos, y proponer recomendaciones que eviten que episodios similares se repitan en el futuro.
La comisión iniciará su labor en las próximas semanas y contará con un calendario de comparecencias y análisis documentales, con el objetivo de ofrecer a la ciudadanía un informe detallado sobre la actuación institucional durante la crisis de incendios forestales en Extremadura, promoviendo la transparencia, la responsabilidad política y la mejora de los mecanismos de prevención y respuesta ante emergencias.
