La abogada de la familia de Francisca Cadenas, Verónica Guerrero, ha solicitado formalmente la adopción de medidas cautelares de carácter patrimonial, entre ellas la incautación de bienes de los investigados en la causa, con el objetivo de garantizar las posibles responsabilidades civiles derivadas del procedimiento judicial en curso.

Esta solicitud se produce en un contexto de avances relevantes en la investigación, después de que el juzgado haya comunicado la continuación del procedimiento judicial contra los hermanos investigados, quienes serán juzgados en relación con los hechos, tras la aparición del cadáver de Francisca Cadenas en un inmueble situado a escasa distancia —dos viviendas— de su domicilio.

La letrada ha señalado que esta petición responde a la necesidad de asegurar una eventual indemnización a la familia en caso de que recaiga una sentencia condenatoria. Asimismo, ha confirmado que ya se han propuesto peritos dentro de la causa, paso previo a la práctica de pruebas periciales que se desarrollarán en fases posteriores del procedimiento.

Situación de la familia

En relación con el estado emocional de la familia, Guerrero ha trasladado que atraviesan momentos de profundo dolor:
“Van intentando asimilar todo lo ocurrido y canalizar la tristeza; ahora mismo ese es el punto en el que se encuentran, profundamente afectados”, ha indicado.

Incidencias en sede judicial

Durante las recientes comparecencias judiciales, la abogada ha mostrado su desacuerdo con determinadas actuaciones de la defensa de los investigados. En concreto, ha cuestionado la forma en la que se desarrolló una de las declaraciones, al considerar que el letrado defensor habría formulado preguntas sugestivas o dirigidas a uno de los detenidos.

Según ha explicado, este tipo de práctica no se ajustaría a lo previsto en la normativa procesal penal, que limita las preguntas que puedan condicionar las respuestas del declarante. No obstante, ha señalado que se trata de una situación poco habitual en su experiencia profesional.

Por otro lado, Guerrero ha valorado positivamente la actuación del juez instructor, destacando su actitud garantista, su disposición a escuchar a las partes y el correcto desarrollo del proceso.

Avances en la instrucción

El juzgado ha acordado, además, la citación de testigos relacionados con el entorno donde se produjeron los hechos, lo que permitirá continuar esclareciendo las circunstancias del caso.

En cuanto a la calificación jurídica de los hechos, la letrada ha subrayado que, en esta fase, tiene carácter provisional. Actualmente, se investiga un presunto delito de asesinato junto a un delito contra la libertad, si bien esta calificación podría modificarse conforme avance la instrucción y se incorporen nuevas pruebas.

En este sentido, Guerrero ha insistido en que no deben darse por definitivas determinadas interpretaciones trasladadas públicamente por otras partes, recordando que el procedimiento se encuentra en una fase inicial y abierta a distintas posibilidades jurídicas.

Próximas actuaciones

La representación legal de la familia continuará impulsando diligencias orientadas al esclarecimiento completo de los hechos y a la depuración de responsabilidades. Entre ellas, destacan la consolidación de la prueba pericial, la práctica de nuevas testificales y el seguimiento de las medidas cautelares solicitadas.

La abogada ha reiterado el compromiso de la familia con el proceso judicial y su confianza en que la investigación permita alcanzar la verdad de lo ocurrido, dentro del respeto a todas las garantías legales