El Gobierno de España ha activado desde este domingo un amplio paquete de medidas económicas destinadas a hacer frente a la subida de precios derivada de la guerra de Irán. Las disposiciones han sido publicadas en el Boletín Oficial del Estado (BOE) mediante dos decretos ley que ya están en vigor, aunque deberán ser ratificados en las próximas semanas por el Congreso de los Diputados, donde su aprobación no está completamente garantizada.

Estas medidas buscan aliviar el impacto del encarecimiento de la energía y los combustibles en hogares, empresas y sectores productivos, con efectos inmediatos en el bolsillo de los ciudadanos, como una reducción del coste de la electricidad y del repostaje de carburantes.

Dos decretos para asegurar apoyos parlamentarios

El Ejecutivo ha optado por dividir el paquete en dos decretos diferenciados con el objetivo de facilitar su aprobación parlamentaria. Por un lado, el denominado Plan Integral de Respuesta a la Crisis en Oriente Medio, centrado en medidas fiscales y energéticas, será debatido esta misma semana en el Congreso y cuenta, en principio, con mayores posibilidades de salir adelante.

Por otro lado, el decreto relativo a las medidas en materia de vivienda, que incluye la congelación de los alquileres, será sometido a votación en el plazo aproximado de un mes, tiempo durante el cual el Gobierno intentará recabar los apoyos necesarios.

Esta estrategia se produce en un contexto político complejo, marcado por tensiones dentro del propio Ejecutivo de coalición. El pasado viernes, los ministros del grupo Sumar se negaron inicialmente a participar en el Consejo de Ministros extraordinario si no se incorporaban medidas específicas sobre vivienda. Tras más de dos horas de negociación, el presidente del Gobierno aceptó incluir estas propuestas, lo que permitió finalmente la aprobación de ambos decretos.

Rebajas fiscales y energéticas: principales medidas en vigor

El Plan Integral de Respuesta a la Crisis en Oriente Medio constituye el núcleo principal de las medidas y contempla una batería de actuaciones orientadas a contener los precios energéticos y apoyar a los sectores más afectados.

Entre las disposiciones más destacadas se encuentra la rebaja del IVA del 21% al 10% en la electricidad, el gas natural y los carburantes, lo que tendrá un impacto directo en la factura energética de hogares y empresas. Asimismo, se reduce el impuesto especial sobre la electricidad hasta el 0,5% y se suspende temporalmente el impuesto del 7% a la generación eléctrica.

En el ámbito de los combustibles, la combinación de reducciones fiscales y ajustes en el impuesto de hidrocarburos permitirá una rebaja de hasta 30 céntimos por litro, lo que se traduce en un menor coste al repostar.

El decreto también contempla la congelación del precio máximo del butano y el propano, así como la recuperación de la bonificación del 80% en los peajes eléctricos para la industria electrointensiva, una medida clave para mantener la competitividad de sectores con alto consumo energético.

Refuerzo de ayudas y protección a colectivos vulnerables

Además de las rebajas fiscales, el paquete incluye medidas de carácter social destinadas a proteger a los colectivos más vulnerables. En este sentido, se refuerza el bono social eléctrico, incrementando los descuentos aplicables, y se amplía el bono social térmico.

Asimismo, se garantiza el suministro básico de agua y energía para los hogares en situación de vulnerabilidad, evitando cortes por impago en el actual contexto de encarecimiento de los costes.

Los sectores profesionales más afectados por el aumento del precio de los combustibles —como transportistas, agricultores, ganaderos y pescadores— recibirán ayudas directas de 20 céntimos por litro de gasóleo profesional, contribuyendo a mitigar el impacto en sus costes de producción.

Medidas en vivienda: congelación de alquileres y prórrogas contractuales

El segundo decreto aprobado por el Gobierno introduce medidas específicas en materia de vivienda, aunque su continuidad dependerá de la aprobación parlamentaria.

Entre las principales actuaciones destaca la congelación temporal de los precios del alquiler, que impedirá a los propietarios aplicar subidas en la renovación de contratos. Asimismo, se establece una prórroga extraordinaria de hasta dos años para aquellos contratos que finalicen entre marzo de 2026 y diciembre de 2027.

Según estimaciones del Ejecutivo, estas medidas podrían beneficiar a más de un millón de contratos de alquiler y a aproximadamente 2,7 millones de personas en todo el país.

Pendientes de validación parlamentaria

A pesar de su entrada en vigor inmediata, ambos decretos deberán ser convalidados por el Congreso de los Diputados en los plazos establecidos. Mientras que el paquete energético y fiscal cuenta con mayores opciones de ser aprobado, el bloque de vivienda presenta mayores incertidumbres debido a la falta de apoyos confirmados.

En este contexto, el Gobierno afronta en las próximas semanas un escenario decisivo para consolidar estas medidas, diseñadas para contener los efectos económicos de la crisis internacional y proteger tanto a los ciudadanos como al tejido productivo.