La vista oral se celebrará los días 24 y 25 de marzo de 2026 en la Audiencia Provincial de Cáceres
La Fiscalía Provincial de Cáceres ha solicitado seis años de prisión, 24 meses de multa y el abono de más de 400.000 euros en concepto de responsabilidad civil para el acusado de provocar el incendio forestal que devastó cerca de 10.000 hectáreas en las comarcas cacereñas de Gata y Las Hurdes en la primavera de 2023.
El juicio ha quedado señalado para los días 24 y 25 de marzo de 2026 en la Audiencia Provincial de Cáceres, donde se enjuiciará a un vecino de la zona, sin antecedentes penales, al que el Ministerio Público atribuye un delito doloso de incendio forestal agravado.
Un incendio de gran magnitud y alto impacto ambiental
El fuego se inició el 17 de mayo de 2023 y no pudo darse por completamente extinguido hasta el 6 de junio, tras casi tres semanas de intensa lucha contra las llamas. Durante ese periodo, las condiciones meteorológicas adversas —altas temperaturas, baja humedad y rachas de viento— favorecieron la rápida propagación del incendio por una zona de orografía compleja y abundante masa forestal.
Las llamas afectaron a una superficie aproximada de 10.000 hectáreas, incluyendo áreas de elevado valor ecológico, montes de utilidad pública, explotaciones agroganaderas y terrenos forestales privados. Asimismo, el incendio se aproximó a núcleos habitados, obligando a activar protocolos preventivos y a desplegar importantes dispositivos de protección para garantizar la seguridad de la población.
El operativo de extinción movilizó numerosos recursos del Plan INFOEX, medios aéreos, brigadas forestales, agentes del medio natural, Guardia Civil y efectivos de Protección Civil, además de la colaboración de otras comunidades autónomas. La magnitud del dispositivo supuso un importante esfuerzo logístico y económico para las administraciones públicas.
Delito doloso de incendio forestal agravado
La Fiscalía considera que existen indicios suficientes para atribuir al acusado la autoría del incendio, calificando los hechos como un delito doloso de incendio forestal agravado. La agravación se fundamenta en la extensión de la superficie calcinada, la afección a espacios naturales protegidos y el riesgo generado para personas y bienes.
En su escrito de acusación, el Ministerio Público sostiene que el fuego fue provocado de manera intencionada, generando una situación de grave peligro y ocasionando importantes daños medioambientales y económicos.
Además de la pena de prisión, la Fiscalía solicita 24 meses de multa y una indemnización superior a los 400.000 euros destinada a cubrir tanto los costes de extinción como la restauración ambiental y los daños ocasionados a particulares y a la administración.
Consecuencias económicas y sociales
El incendio tuvo un impacto significativo en la economía local. Las comarcas de Gata y Las Hurdes, con una fuerte dependencia del sector primario, registraron pérdidas en explotaciones agrícolas y ganaderas, daños en infraestructuras rurales y afección a aprovechamientos forestales.
Asimismo, el siniestro generó preocupación en el sector turístico, especialmente en alojamientos rurales y empresas vinculadas al ecoturismo, dada la importancia del entorno natural como motor de desarrollo económico en la zona.
Tras el incendio, las administraciones pusieron en marcha planes de restauración forestal y ayudas dirigidas a paliar las pérdidas sufridas por los propietarios afectados, además de actuaciones para prevenir la erosión del suelo y la degradación de los ecosistemas dañados.
Próxima vista oral
Durante la vista oral en la Audiencia Provincial de Cáceres está prevista la comparecencia de peritos forestales, técnicos de extinción, agentes de la autoridad y otros testigos que intervinieron en la investigación y en la gestión del incendio.
El tribunal deberá determinar si concurren los elementos necesarios para apreciar el delito en los términos planteados por la Fiscalía y fijar, en su caso, la responsabilidad penal y civil correspondiente.
De confirmarse la acusación en los términos solicitados, la condena podría situarse entre las más relevantes impuestas en la provincia por un delito de incendio forestal en los últimos años, en un contexto marcado por la creciente preocupación social ante los incendios de gran magnitud y sus efectos sobre el medio natural.
