La Asamblea de Extremadura entra en una fase decisiva del proceso de conformación del nuevo Gobierno regional tras la constitución de la Cámara y la reciente elección de su presidente.

De acuerdo con los plazos establecidos en el Estatuto de Autonomía y el Reglamento parlamentario, el próximo 20 de abril se configura como la fecha límite para que se produzca la investidura de la candidata propuesta o, en su defecto, se proceda a la disolución del Parlamento y a la convocatoria de nuevas elecciones autonómicas.

Tras su elección ayer martes, 20 de enero, como presidente de la Asamblea de Extremadura, Manuel Naharro inicia ahora el calendario institucional que debe conducir a la propuesta de candidatura a la Presidencia de la Junta de Extremadura.

A partir de este momento, el presidente de la Cámara dispone de un plazo máximo de 15 días para mantener reuniones con los distintos Grupos Parlamentarios y, una vez finalizada esta ronda de contactos, proponer formalmente una candidatura, que previsiblemente recaerá en María Guardiola.

Una vez realizada la propuesta, la candidata contará con otros 15 días para presentar su programa de gobierno ante el Pleno de la Asamblea y someterse al primer debate y votación de investidura.

Será a partir de esa primera votación cuando se active el plazo constitucional de dos meses, durante el cual deberán celebrarse las sucesivas votaciones necesarias para lograr la investidura de un nuevo presidente o presidenta de la Junta de Extremadura.

En el supuesto de que, transcurrido ese periodo de dos meses desde la primera votación de investidura, ningún candidato haya obtenido la confianza del Parlamento, la normativa establece la disolución automática de la Asamblea de Extremadura y la convocatoria de nuevas elecciones autonómicas.

El agotamiento máximo de todos los plazos previstos sitúa el 20 de abril como fecha tope para que el proceso quede definitivamente resuelto, ya sea mediante la investidura de la candidata propuesta o mediante una nueva convocatoria electoral.

Este calendario prolonga la incertidumbre política más allá de otras citas electorales ya fijadas en el ámbito autonómico, como las elecciones en Aragón, previstas para el 8 de febrero, y en Castilla y León, el próximo 15 de marzo.

De este modo, Extremadura afronta en las próximas semanas un periodo clave para la configuración de su nuevo Ejecutivo, marcado por los tiempos parlamentarios y por la necesidad de alcanzar los consensos necesarios que permitan garantizar la estabilidad institucional de la Comunidad Autónoma.