David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, ha solicitado su absolución en la causa judicial que se sigue contra él, el expresidente de la Diputación de Badajoz y actual secretario general del PSOE extremeño, Miguel Ángel Gallardo, y otros nueve investigados por presuntas irregularidades en la contratación pública en el año 2017.

En su escrito de defensa, presentado ante el Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz por su abogado, Emilio Cortés, Sánchez niega tajantemente los hechos que le imputan las acusaciones populares —entre ellas, el sindicato Manos Limpias—, que le atribuyen delitos de prevaricación administrativa y tráfico de influencias.

El procedimiento se centra en la creación y adjudicación de la plaza de coordinador de Actividades de los Conservatorios de la Diputación de Badajoz, el posterior nombramiento de Sánchez como jefe de la Oficina de las Artes Escénicas, y la contratación del exasesor de Moncloa Luis Carrero como jefe de sección de Coordinación de Centros y Programas de Actividades Transfronterizas del Área de Cultura de la institución provincial.

La defensa sostiene que todos los procesos administrativos relativos a la creación y adjudicación de dichas plazas “se ajustaron estrictamente a la legalidad vigente”, sin que exista —ni siquiera de forma indiciaria— ningún elemento que permita hablar de una influencia irregular o de naturaleza delictiva. En consecuencia, el letrado solicita la libre absolución de su cliente al considerar que los hechos “no son constitutivos de delito alguno ni merecen reproche penal”.

Cuestión de las pruebas electrónicas

En su escrito, la defensa de David Sánchez pide asimismo que se excluyan como prueba los correos electrónicos intervenidos por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Considera que la incautación de dichas comunicaciones se realizó bajo una “pretendida autorización judicial” que, en su opinión, vulnera los derechos fundamentales de los investigados, por lo que no deberían incorporarse al juicio oral.

El equipo jurídico de Sánchez también presenta un listado de testigos y peritos —ya declarantes en fase de instrucción— que propone para el futuro juicio oral, cuya fecha aún está pendiente de señalamiento por la Audiencia Provincial de Badajoz.

El origen del caso

El conocido como caso David Sánchez se inició en junio de 2024, cuando la jueza Beatriz Biedma, titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz, admitió a trámite una denuncia de Manos Limpias por la presunta contratación irregular de David Sánchez en la Diputación Provincial en 2017, durante la presidencia de Miguel Ángel Gallardo.

Tras meses de investigación, la magistrada acordó procesar a once personas, entre ellas Sánchez, Gallardo y varios funcionarios y cargos de la Diputación, por posibles delitos de prevaricación y tráfico de influencias. La denuncia inicial por fraude a la Hacienda Pública fue archivada por falta de indicios.

Las defensas y la Fiscalía recurrieron el auto de procesamiento ante la Audiencia Provincial de Badajoz, solicitando el archivo de la causa al entender que las acusaciones se basaban en “meras conjeturas” y no en indicios racionales de criminalidad. Sin embargo, antes de que la Audiencia resolviera, la jueza Biedma acordó la apertura de juicio oral, decisión que generó críticas entre algunas defensas por considerarla precipitada.

Decisión de la Audiencia Provincial

El pasado 23 de septiembre, la Audiencia Provincial de Badajoz desestimó los recursos interpuestos por el Ministerio Fiscal y las defensas, confirmando la resolución de la jueza instructora. El tribunal consideró que existen “indicios suficientes” del posible carácter delictivo de los hechos y, en consecuencia, ordenó la continuación del procedimiento hacia juicio oral.

Con esta decisión, los once investigados deberán sentarse en el banquillo de los acusados, aunque la Fiscalía no presentará acusación al mantener que no existen delitos acreditados en la actuación de los investigados y haber solicitado previamente el archivo de la causa.

Contexto institucional y judicial

Cabe recordar que durante la tramitación del procedimiento, el expresidente de la Diputación y ahora diputado autonómico Miguel Ángel Gallardo adquirió la condición de aforado tras su entrada en la Asamblea de Extremadura. No obstante, el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) rechazó asumir la causa al entender que dicho aforamiento se había producido en “fraude de ley”, validando así la actuación de la jueza Biedma y devolviendo el caso al Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz.

Posteriormente, la jueza dio un plazo de diez días a todas las partes para presentar sus escritos de defensa y calificaciones provisionales, trámite que ahora se ha cumplido con la presentación del documento por parte de la defensa de David Sánchez.

Próximos pasos

Una vez recibidos todos los escritos de las defensas, la Audiencia Provincial de Badajoz deberá señalar fecha para el juicio oral, en el que se juzgará a los once investigados por los presuntos delitos de prevaricación y tráfico de influencias.

Mientras tanto, la defensa de David Sánchez insiste en que el procedimiento “se ha sustentado sobre hipótesis carentes de respaldo probatorio” y que la instrucción “ha demostrado la plena legalidad” de los actos administrativos en cuestión. Por todo ello, su abogado reitera la solicitud de absolución total y la nulidad de las pruebas electrónicas intervenidas por la UCO.