Además, la Junta autoriza la concesión directa de una subvención a Cruz Roja para financiar el proyecto de ‘Teleasistencia Avanzada Personalizada’ en 2025.

El Consejo de Gobierno ha aprobado este martes el decreto por el que se establecen las bases reguladoras de las ayudas por natalidad destinadas a las familias residentes en entornos rurales de la Comunidad Autónoma de Extremadura en 2025, al tiempo que se autoriza la primera convocatoria, dotada con un millón de euros.

En concreto, el decreto tiene por objeto establecer las bases reguladoras y aprobar la convocatoria de ayudas económicas de 500 euros por nacimiento, adopción o guarda con fines de adopción, destinadas a familias residentes en municipios, entidades locales menores o pedanías de la Comunidad Autónoma de Extremadura con menos de 3.000 habitantes.

Como novedad, tal y como ha especificado la portavoz de la Junta de Extremadura, Victoria Bazaga, las ayudas se amplían a las pedanías y entidades menores, que hasta ahora se quedaban fuera de la convocatoria.

«Además, podrán beneficiarse, con carácter retroactivo, de los nacimientos que hayan tenido lugar desde el 1 de enero de 2024», ha especificado la responsable.

Por otro lado, y para garantizar que el máximo de familias acceda a estas ayudas, según sus palabras, «eliminamos el criterio de renta e introducimos la posibilidad de que los progenitores que tengan la custodia compartida y no vivan juntos, reciban la cuantía al 50 por ciento».

Asimismo, se ha duplicado el presupuesto de la convocatoria hasta alcanzar el millón de euros, todo ello con la finalidad de «apoyar los nuevos nacimientos, además de combatir el envejecimiento y la despoblación», ha recalcado Bazaga.

Así pues, con esta medida se pretende dar un paso más en la atención a las familias rurales y en la optimización de la gestión administrativa, según informa la Junta en una nota de prensa.

En definitiva, la finalidad de este decreto es fomentar la natalidad en zonas rurales y con baja densidad de población, apoyar económicamente a las familias en el momento del nacimiento, guarda o adopción de un hijo o hija, contribuir a la cohesión social y territorial, combatiendo el envejecimiento y la despoblación, y garantizar la igualdad de oportunidades, eliminando barreras económicas para acceder a la ayuda.

 

PROYECTO DE ‘TELEASISTENCIA AVANZADA PERSONALIZADA’

Por otro lado, el Consejo de Gobierno ha autorizado la concesión directa de una subvención a Cruz Roja en Extremadura para la financiación del proyecto de ‘Teleasistencia Avanzada Personalizada’ en 2025, por un importe de 924.426 euros.

Concretamente, este proyecto ya está implantado en la región y atiende a más de 8.000 personas al año, en coordinación con todos los ámbitos de las administraciones autonómica, provincial y local.

Con más de 25 puntos de atención y con la descentralización de los recursos que posee Cruz Roja, «se posibilita una intervención rápida y homogénea por todo el territorio», señala el Ejecutivo.

Para ello, Cruz Roja ha diseñado cuatro programas de intervención, con unas prestaciones estandarizadas, pero que pueden modificarse una vez visitado el domicilio o por cambios en las diferentes situaciones vitales que se produzcan, como son programas de intervención para personas en situación de aislamiento social y/o soledad con baja o inexistente red de apoyo y escasa relación social; para afectados de enfermedad crónica o de pluripatología crónica; para personas en situación de maltrato o susceptibles de sufrirlo, y de teleasistencia móvil accesible.

Registro de objetores de conciencia y aborto

Asimismo, el Consejo de Gobierno ha aprobado un decreto por el que se regula el procedimiento para la prestación de la interrupción voluntaria del embarazo en Extremadura, se crea el Registro de profesionales sanitarios/as objetores de conciencia para la citada interrupción y se regula el procedimiento para el ejercicio del derecho a la objeción de conciencia de dichos profesionales; han informado fuentes del Ejecutivo regional.

Entre otras prestaciones, esta nueva norma asegura el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo, que habrá que realizarse preferentemente con medios propios y con todas las garantías establecidas en la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, sin olvidar el pleno respeto a la intimidad y confidencialidad de las mujeres.

También se regula la objeción de conciencia de los y las profesionales sanitarios/as directamente implicados/as, que deberán estar inscritos/as en el registro de profesionales sanitarios/as objetores/as que se crea al efecto mediante este decreto y que estará adscrito a la dirección general competente en materia de calidad sanitaria.

El texto del decreto se adapta al protocolo específico aprobado por el Ministerio de Sanidad para la creación del registro de personas objetoras de conciencia establecido en la Ley 1/2023, de 28 de febrero, y que fue fruto de lo acordado en el seno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS).

Medicina intensiva en Cáceres

Además, el Consejo de Gobierno ha autorizado al Servicio Extremeño de Salud (SES) para la contratación de servicios sanitarios en la especialidad de Medicina Intensiva para el Complejo Hospitalario Universitario de Cáceres por un importe de 274.500 euros.

Según la Junta, la cobertura de la imprescindible actividad mínima y la cobertura de las guardias «precisa un número mínimo de profesionales no disponibles actualmente en el Complejo Hospitalario Universitario de Cáceres».

Actualmente, la cobertura de estas carencias se está realizando con el personal existente, «pero no puede mantenerse en el tiempo ya que supondría -han añadido- una sobrecarga asistencial de los y las profesionales del servicio de medicina intensiva».