Irene de Miguel exige a los grupos políticos que elijan bando: “Si están con la soberanía energética o con las empresas saqueadoras”

• La portavoz de Unidas por Extremadura ha defendido una propuesta en la que se instaba al Estado a desarrollar una empresa pública de energía para ordenar y planificar el sistema eléctrico y prevenir futuros apagones

• De Miguel ha aseverado que exigir esa empresa desde Extremadura es “coherente, sensato y justo” y ha denunciado las irregularidades y la vulneración de las condiciones laborales que están perpetrando las grandes empresas energéticas en la región

La portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, ha pedido este jueves que los diputados y diputadas extremeñas “elijan bando”, que decidan si están “con la soberanía extremeña o con las empresas saqueadoras y colonizadoras”. Lo ha hecho durante la defensa de una propuesta de pronunciamiento en la que instaba al Estado a crear una empresa pública de energía para planificar y ordenar el sistema eléctrico, y que ha sido rechazada por todos los grupos parlamentarios.

De Miguel ha señalado que la propuesta de esa empresa pública de energía desde Extremadura es algo “coherente, sensato y justo”. “Es una necesidad estratégica que nos permitiría tener precios justos de la energía, revertir los beneficios que genera, crear empleo local digno y luchar contra la pobreza energética”, ha añadido.

La líder de Unidas por Extremadura ha dicho que “puede que a muchos les da urticaria hablar de una empresa pública”, pero ha recordado que esa misma empresa la tienen estados como Italia, Noruega, Suecia, Austria, Alemania, Finlandia, Uruguay, Chile o China. Además, ha señalado que la transición energética no está sirviendo a que cambie el modelo que hasta ahora se ha implantado. “La energía sigue en manos de las grandes empresas de siempre, cuyo único objetivo es seguir ampliando beneficios a toda costa”.

De hecho, la portavoz ha afirmado que el informe del Ministerio, y también el de Red Eléctrica, sobre el apagón señala directamente a esas empresas, y concretamente, según algunos medios, a la planta de Núñez de Balboa, propiedad de Iberdrola. “Una planta rodeada de irregularidades desde su inauguración, que está en el Tribunal Supremo después de que el TSJEx ordenara que se desmantelara al 60 por ciento por haber expropiado de manera ilegal a un ciudadano extremeño”. “Una planta -ha continuado- que es un engaño manifiesto, que prometió más de 2.000 empleos y a día de hoy no llega a un centenar”.

De Miguel también ha señalado las condiciones laborales que están generando estas empresas energéticas en la región. Ha citado una información de El Salto en el que los trabajadores del parque solar han denunciado que trabajan 11 horas diarias, durante 6 días a la semana, por 8 euros la hora. “Esto tiene un nombre, se llama explotación”, ha dicho la portavoz.

Por último, la líder de Unidas por Extremadura ha recordado que estas empresas energéticas son también las dueñas de Almaraz, que está ahora mismo en parada debido a un incidente. “Es el tercero este trimestre y el segundo en lo que llevamos de mes”, ha dicho De Miguel, quien considera que no se puede prolongar más la vida útil para la que fue diseñada “porque una central nuclear no es como la fecha de caducidad de un yogur”.

Ante todo esto, unido a la falta de planificación y de ordenación del sistema eléctrico, Unidas por Extremadura ha vuelto a insistir en la necesidad de poner en marcha una empresa pública de energía.

Para disponer de una herramienta con capacidad para intervenir en el mercado eléctrico en todas sus fases (generación, distribución y comercialización).

El pleno de la Asamblea ha rechazado una propuesta de pronunciamiento mediante la cual Unidas por Extremadura instaba al Gobierno de España a diseñar un plan para la puesta en marcha de una empresa pública de energía.

La propuesta, que ha recibido el voto en contra del PP, del PSOE y de Vox, y a favor de Unidas por Extremadura, también abogaba por la puesta en marcha de medidas políticas concretas para favorecer que la industria electrointensiva se instale en los territorios de producción energética.

En defensa de la iniciativa de su grupo, la portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, ha advertido de que la «falta de planificación ordenada» del sistema eléctrico ha llevado a situaciones como las del apagón sufrido en España.

Ha rechazado, así, el sistema energético basado en el «oligopolio» y que «desplaza» a la agricultura tradicional a través además de la «precarización» en los puestos de trabajo.

«Estamos hartos de ver que encaramos la transición energética pero en realidad no se hace nada», ha espetado De Miguel, quien ha reclamado una planificación energética territorial que sea «mínimamente coherente» a través de una empresa pública de energía como algo «coherente, sensato y justo».

Así, ha defendido que con una empresa pública de energía se podrían «garantizar precios justos de la energía» y «reinvertir los beneficios en los territorios productores».

FIJACIÓN DE POSICIONES

Mientras, el diputado del PP Bibiano Serrano ha rechazado la propuesta de Unidas por considerar que encierra una «receta» que «no funciona», ya que se basa en el «comunismo».

«Es una propuesta vieja. Sus recetas no funcionan, es comunismo…», ha espetado sobre Unidas por Extremadura, grupo al que ha recordado que en España ya existe una empresa pública energética que es Red Eléctrica.

Al mismo tiempo, Serrano ha aprovechado para reclamar en materia energética que «todos (los partidos) juntos» luchen en Extremadura para que no se cierre la Central de Almaraz.

A su vez, el diputado del PSOE Luis Tirado Vasco ha argumentado el voto en contra de su grupo con el planteamiento de que «una empresa pública de energía no cambiaría el precio público de la electricidad» en España, aunque ha defendido la necesidad de aplicar una transición energética para «democratizar la energía» como según ha dicho está haciendo el Gobierno central.

Ha resaltado en este sentido las diferentes medidas que «con responsabilidad» aplica su partido para «asegurar un espacio y un sistema energético limpio y accesible» en España.

En este sentido, Luis Tirado Vasco ha destacado el «trabajo» hecho por los socialistas para la puesta en marcha de proyectos como el de la gigafactoría de baterías de litio en Navalmoral.

De su lado, el portavoz de Vox en la Asamblea, Óscar Fernández Calle, ha incidido en que su partido es partidario del «libre mercado» y de la «propiedad privada» que «generan riqueza y bienestar para los ciudadanos en los países donde se implanta», al contrario, ha dicho, del comunismo que «lleva a la miseria y pobreza».

Tras rechazar así la nacionalización de la energía que según ha dicho defiende Unidas por Extremadura, ha criticado la creación de «otra empresa pública más» como reclama la formación de izquierda, recalcando que «cuanto menos puedan los políticas meter mano en las empresas públicas mejor para los españoles y mejor para la democracia».