Ecologistas en Acción de Extremadura junto a otras organizaciones y plataformas presentaron fundamentadas alegaciones en el trámite de información pública en febrero de 2023

La Junta de Extremadura no da acceso al expediente a Ecologistas en Acción por lo que se interpuso en febrero de 2025 un recurso al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno

Los afectados denuncian indefensión pues reclamaron al Ministerio por la concesión de ayudas PERTE a Lithium Iberia cuando están tres procesos en trámite sin resolver: Explotación, Impacto ambiental y Autorización ambiental integrada

Ecologistas en Acción apoya las acciones de protesta y denuncia que como la del pasado domingo 26 de mayo organizan las plataformas y asociaciones afectadas por el proyecto extractivo de Las Navas, seleccionado como proyecto estratégico por la Comisión Europea. Denuncian. de entrada, la opacidad ya desde el año 2021 cuando se concedió la personación al expediente pero no el acceso a la documentación ambiental del mismo, una flagrante vulneración del Convenio de Aarhus y la Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente.

En diciembre de 2022 se publicaron los anuncios del tramité de información pública del proyecto, en los cuales se presentaron multitud de alegaciones bien fundamentadas. Ya a finales de 2023 se concedió a Lithium Iberian una ayuda de los fondos PERTE superior a 13 millones de euros.

La Plataforma No a la Mina de Cañaveral presentó una reclamación al Ministerio competente, ¿por qué se da subvención con un proceso de participación pública sin resolver? No hubo respuesta tampoco a esa reclamación ni hasta ahora ha aportado la Comisión Europea la información solicitada del proceso de selección de los proyectos estratégicos. Esta vulneración de las leyes de transparencia por parte de la administración regional, estatal y europea presentan un panorama de omertá o Ley del Silencio de Estado difícil de digerir en democracia.

Recientemente más de 235 asociaciones han suscrito una carta a la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola para pedir apoyo para que se respeten los derechos de transparencia y participación.

Aunque la designación de proyecto estratégico la hace la Comisión Europea, no se puede ignorar que los informes provenientes de Extremadura y España son determinantes. Los líderes políticos extremeños se han fotografiado con los empresarios, en este caso con los de Lithium Iberia, en una colaboración público-privada explícita que pone al poder ejecutivo y legislativo al servicio del extractivismo.

Este contexto de interés económico público-privado lleva a seleccionar proyectos que pueden causar daños irreparables. Las universidades de Estocolmo y Potsdam, que emiten informes de seguimiento de nueve límites de alarma para la salud del planeta Tierra, señalan que el cambio climático es solo uno de los siete límites ya traspasados.

Pese a ser todo importantes y dignos de atención, parece que el cambio climático fuera el único, pensamos que por su potencial de inversión y negocio. El extractivismo se ve como salvación para parar el calentamiento global, pero es perjudicial para varios de los otros límites en alarma roja: disponibilidad de agua dulce, contaminación por nuevas entidades obviando el principio de precaución, cambio nocivo en los usos del suelo, pérdida de biodiversidad, y el de la integridad de la biosfera. Veamos cómo el proyecto minero de Las Navas tiene poco de circular y sostenible, y es más bien un clavo ardiendo al que agarrarse para justificar la llegada de fondos europeos

El proyecto propone un proceso pirometalúrgico que implica calcinación a más de 800o C, similar a una cementera de clínker, con grave dispersión de contaminantes por aire que afectará a los residentes y negocios en el entorno de la mina.

Se utilizarán reactivos agresivos: ácido sulfúrico, hidróxido de sodio, óxido de calcio y floculantes acrílicos. Los 30 millones de metros cúbicos de estériles de proceso, equivalentes a 30 estadios Bernabéu , con evidente potencial contaminante y de lixiviación se depositarán en las cortas que se abrirán en la fase de extracción a cielo abierto y en las galerías, las filtraciones contaminarían las aguas subterráneas de la zona, pues el terreno por su configuración geológica contiene fracturas por las que se podrían filtrar los contaminantes (sulfatos, fluoruros, metales pesados, materiales radiactivos de origen natural removidos, etc.). También llegará al acuífero todo el polvo y partículas depositadas en las hojas y el suelo cuando llueva con la fuerza suficiente y el litio es un elemento alcalino reactivo que puede alterar la química de aguas y suelos, y se utiliza como estabilizador del ánimo en psiquiatría con bajas dosis, por lo que hay posibilidad de toxicidad para seres vivos.

El acuífero de Galisteo también está amenazado de contaminación por estar debajo de la escombrera permanente de 16 millones de metros cúbicos en una zona de permeabilidad media. La escombrera permanente también está situada inmediatamente encima del canal de riego agrícola de la zona.
Se va a extraer exclusivamente el litio, despreciando otros minerales críticos para la Unión Europea como niobio, tántalo o estaño o con usos industriales como cesio o rubidio que no se aprovechan y constituyen residuos que no se han caracterizado adecuadamente.

La infraestructura eléctrica, en zona de protección para la avifauna por tendidos eléctricos no cumple el estándar de prevención exigido. Proponen una instalación desproporcionada y usan celdas de media tensión con hexafluoruro de azufre (SF6) que es un gas efecto invernadero, con veinte tres mil veces más potencial de calentamiento global que el CO2 y una vida atmosférica de más de 3.000 años. El uso de gas natural implica un tramo nuevo de gasoducto desde Serradilla (21 km) y al superar los 10 km debería someterse a evaluación ambiental. No se mencionaba en la documentación de la Autorización ambiental integrada.

Se cambia de uso suelo forestal catalogado de utilidad pública obviando que la Ley de Montes, lo prohíbe hasta después de 30 años de un incendio. Se arrancarán 3.000 encinas más las que se secarán por el bombeo de achique necesario para trabajar en seco a 500 metros de profundidad.
Hay afección a especies protegidas en peligro de extinción en una zona especialmente vulnerable por ser corredor ecológico.

Contaminación por nuevas sustancias sin testar, reducción de disponibilidad de agua dulce, cambios en el uso del suelo, pérdida de biodiversidad protegida y de integridad del ecosistema de la zona para sostener funciones que sustentan la vida como la polinización, la regulación del clima, la fertilidad del suelo, el ciclo del agua y la resiliencia ecológica ante las perturbaciones.